Argentina

Hacia el estado policiaco

 

Por Gabriel Boragina ©

Hasta la llegada de los Kirchner al poder, la Argentina era un país con un sector público altamente ineficiente, torpe y enormemente costoso. Estas, digamos, han sido desde siempre, las características que se atribuyen a la bien llamada burocracia. En tanto que el sector privado, si bien compartía en algunos casos ciertos vicios similares a su par público, mantenía en general, una cierta dosis de flexibilidad. Si medimos la burocracia en una escala que vaya del 1 al 10 siendo 1 poca burocracia y 10 la burocracia total, podríamos obtener el siguiente esquema anterior al asalto de los Kirchner al poder:

SECTORES	GRADO DE BUROCRATIZACIÓN DEL PAÍS
SECTOR PÚBLICO	6
SECTOR PRIVADO	4

 

 Podemos  decir, a ciencia cierta, que esta situación se ha modificado sustancialmente durante la "era Kirchner" dando el siguiente resultado:

SECTORES	GRADO DE BUROCRATIZACIÓN DEL PAÍS
SECTOR PÚBLICO	8
SECTOR PRIVADO	7

 

O sea, la burocracia ha crecido en dicha etapa en una forma fenomenal, tanto como un 33,33 % en el sector público, dato ya de por si preocupante. Pero lo verdaderamente alarmante en el periodo considerado, es el disparado aumento de la burocracia en el sector "privado" que se alza con un impresionante 75%.

Sería sumamente extenso desarrollar aquí en forma minuciosa todos los parámetros que tenemos en cuenta para arribar a los porcentajes indicados en los esquemas de arriba. Pero creemos que cualquier lector que viva en la Argentina y que trabaje -ya sea en forma dependiente o independiente- en un lapso medianamente prolongado,  podrá dar ejemplos de esta realidad.

En nuestra habitual actividad jurídica estábamos –lamentablemente- acostumbrados a la lentitud, mal trato, obstaculización constante y permanente, que sufrimos a diario en oficinas públicas, tribunales, reparticiones y demás dependencias administrativas y/u oficiales del llamado sector público (y que como hemos dicho muchas veces, debería denominarse con alguna mayor precisión, sector estatal, ya que los privados –sea en forma individual o conjunta- también prestan servicios públicos). 

Lo que, de alguna manera, es "nuevo" para nosotros -y ya no nos sorprende (sino que pasamos de la sorpresa a la alarma)- es ver cada vez con mayor frecuencia ese tipo de vicios (y muchos otros similares) en empresas y comercios privados. En efecto, ya sea que intentemos abrir una cuenta simple de caja de ahorros en un banco "privado" tanto como que pretendamos contratar cualquier servicio (de consumo o laboral) se ha transformado prácticamente en una empresa casi imposible, por la multitud de requisitos que se exigen y que, en su mayor medida, oscilan entre lo innecesario y lo absurdo (teniendo en cuenta lo que se quiere contratar), sin contar lo costoso en tiempo y dinero de los trámites insumidos. Pocas veces como en el tiempo que analizamos, la empresa "privada" argentina se ha parecido tanto a las tristemente célebres empresas públicas del estado intervencionista.

Tratar de iniciar un reclamo para lograr la reparación de un servicio (por ejemplo, el de Telefónica) puede implicar de uno a dos meses de tramitación. Y aun así, no haber podido ni siquiera dar comienzo al trámite. Tal es lo que nos sucede en nuestro caso particular, en el que hace ya dos meses que estamos sin servicio telefónico, el que fue interrumpido de improviso por tal empresa "privada" pese a estar al día en el pago de todas las facturas. Las oficinas de Telefónica de Argentina  se niegan a recibir reclamos por escrito; y sin línea telefónica –obviamente- es imposible hacerlo en dicha forma, llegando al paroxismo cuando al intentar requerirlo llamando desde otra línea, una grabación nos advierte que para "tomarnos el reclamo" debemos llamar desde la línea que esta sin servicio (!!!), para luego cortarnos de inmediato sin darnos ninguna otra opción.

Al intentar quejarse en el "ente regulador" nos solicitan una cantidad de documentos, copias certificadas por notario público, declaraciones juradas, etc. que de efectivizarse nos insumirían un tiempo y un costo que superaría holgadamente a de las facturas telefónicas de los últimos seis meses. Si intentamos cambiar a otro proveedor, sorprendentemente los requisitos son prácticamente idénticos. Y así por el estilo.

Particularmente llamativo, en el todavía llamado sector "privado", es la cada vez mayor exigencia de documentación acreditante de la identidad de la persona que reclama o que busca contratar. Es más importante saber "quien" va a contratar el servicio que vender el servicio en sí mismo. Lo curioso es que los requisitos no giran en torno a acreditar la solvencia del potencial cliente, sino a "saber quién es" el consumidor que desea comprar o contratar. Se indaga sobre la persona y no sobre su patrimonio. En el mundo comercial esto es un absurdo, porque en un mercado libre no interesa para nada quien es el que contrata, sino que lo relevante es -para el que compra- que el producto sea bueno y barato y -para quien vende- que el precio obtenido sea el esperado. En Argentina esto está siendo al revés. Muchas empresas y comercios desprecian a potenciales consumidores solventes si tienen dudas sobre su identidad, pese a demostrárseles que se posee el efectivo y el patrimonio suficiente para responder a lo pactado.

Es cada vez más frecuente observar en las solicitudes de servicios "privados" la exigencia de un sinfín de datos fiscales relativos a la persona del potencial cliente. Lo importante pues, reside en la identidad del contratante y su situación o condición fiscal. Su solvencia y voluntad de cumplimiento en el caso de un contrato de servicios, es completamente secundaria, cuando no totalmente irrelevante.

Todo lo cual es un índice de grave intervencionismo estatal que ha llegado hasta lo más profundo de la actividad privada. Sucede que las exigencias fiscales son tantas y las penas y sanciones para aquellos que no las obedezcan son tan severas que todo el mundo las teme. En la disyuntiva, muchas empresas y comercios prefieren no vender a verse sancionados por no cumplir con los requisitos fiscales. Máxime en un marco donde las empresas y comercios han pasado a integrar la esfera estatal, al convertirlos la legislación fiscal en meros agentes de retención y de percepción de impuestos.

Pero esto ya forma parte de una cultura, porque si las gentes no accedieran a brindar a desconocidos sus datos personales (y muchas veces hasta íntimos que se leen en los formularios de solicitudes) no estaría tan extendido que empresas y comercios los requirieran con tanta frecuencia y en tan grandes detalles como suelen exigirlos. Es decir, en el mundo comercial y empresario de la Argentina juegan dos factores preponderantes: por un lado el miedo del empresario y comerciante al castigo estatal y por el otro lado la candorosa inocencia del potencial consumidor que cede sus datos personales e íntimos, hasta para comprar una simple licuadora.

Creemos que esto es una forma práctica de ver el intervencionismo estatal en plena función y en lo más cotidiano de la existencia humana.

 

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Libros de Gabriel Boragina

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Apuntes

Democracia

Impuestos

El mito del pueblo trabajador.

Por Gabriel Boragina ©

¿Quién no ha oído más de una vez ensalzarse los argentinos a sí mismos diciéndose y diciéndole a quien quisiera oírlos que el suyo es un "pueblo trabajador"? No sé el lector, pero yo al menos lo he escuchado muchísimas veces. Y debo confesar que hasta que no comencé a desempeñarme como consultor laboral de varias empresas, comercios y particulares, incluyendo mi propio Estudio, hasta yo llegué a creer en ese mito tan popular ayer y hoy. ¿Qué sucedió para que dejara de creer en la supuesta laboriosidad "innata" del argentino medio y pasara a sostener que la misma no es más que uno de los tantos mitos absurdos que sostienen los argentinos? Y es que desde los mismos comienzos de mi experiencia como consultor laboral y selector de personal, referida anteriormente, empecé a observar un fenómeno que, al principio, me llamó poderosamente la atención, pero que con su repetición pasó a ser algo a lo que me acostumbré a ver.

Para encuadrar el tema, hay que decir preliminarmente que el desempleo (económicamente hablando) reconoce varias causas que no es este el lugar ni el momento para que sean desarrolladas, pero que haciendo un esfuerzo por sintetizarla digamos que pueden reducirse a dos tipos: 1º lo que podemos llamar desempleo involuntario y 2º otro voluntario. El involuntario se dice en economía cuando el aspirante a trabajador quiere trabajar, está dispuesto a hacerlo al salario ofrecido por su potencial empleador, pero -sin embargo- no encuentra trabajo. El segundo tipo (voluntario) se dice cuando pudiendo conseguir trabajo al salario que desea ganar, no obstante decide no hacerlo, es decir, no emplearse. En Argentina, como en muchos otros países, existen por supuesto, ambos tipos de desempleo, pero el dato curioso (al menos para mí al principio) es que el desempleo voluntario muchas veces iguala o supera en cantidad al involuntario. Como consultor laboral me ha tocado trabajar para distintos grupos de empresas, comercios y particulares, los que ofrecían diferentes condiciones laborales de contratación, no obstante, he notado repetitivamente que aun ofreciendo muy buenos puestos de trabajo y muy bien remunerados los candidatos eran reticentes a aceptarlos, o directamente, los rechazaban. Y no estoy hablando de personas que ya tuvieran un empleo previo en el cual se estaban desempeñando al momento de la búsqueda, sino que me estoy refiriendo a personas que, al momento de presentarse en la búsqueda, se encontraban sin empleo. Es decir, que la alternativa que tenían no era la de pasar de una ocupación a otra, sino la de obtener un empleo desde la posición de desocupado.

Siguiendo a Ludwig von Mises, que dice que toda acción por ser acción es racional, la conclusión que he sacado, tras una considerable experiencia en este rubro y analizando otros factores concomitantes como las crisis recurrentes que vive la Argentina, su tendencia a caer en altos índices de pobreza, recesión, inflación, etc. es que el argentino, en particular, valora el ocio muchísimo más alto que el salario más elevado que el mercado pueda ofrecerle al momento de la decisión. Y me consta personalmente, por haber sido yo mismo el que he ofrecido salarios por encima de cualquier cifra que pudiera considerarse y calificarse como excelente.

Otro fenómeno observado repetitivamente en el mundo laboral argentino es la inestabilidad del empleado en un puesto fijo de trabajo. Atención que no estoy hablando de la inestabilidad del empleo que es cosa diferente. Sino que me refiero a la de la persona del empleado. A diferencia de otras culturas, el argentino medio no ve la estabilidad laboral en su lugar de trabajo como un medio para desarrollarse y crecer laboralmente dentro de la organización, como lugar donde proyectarse y hacer carrera, sino que ve a su empleador meramente como un simple escalón sin importancia, en una interminable escalera sin fin de empleos consecutivos. Es decir, se toma un empleo para probar suerte en el mismo, ganarse unos pesos durante un tiempo y luego de allí migrar a otro, o -preferentemente- hacia la inactividad completa, o sea, el desempleo, lo cual para la mayor parte de los argentinos, no es, en sí mismo, un problema, siempre y cuando se le pueda echar la culpa de la situación al "sistema".

Lo verdaderamente curioso del fenómeno, es que este hábito de saltar de un empleo a otro, en un lapso relativamente breve entre una empresa y la siguiente, tampoco tiene una motivación económica en sí misma, ya que en países como Argentina, el nivel de los salarios, en los distintos tipos de actividad, suele ser bastante parejo, habida cuenta la baja o escasa competitividad laboral existente. Si, por otra parte, se tiene en mira la escasa o nula proclividad que tienen muchos empleadores -lógicamente- a tomar personal que en sus antecedentes laborales demuestran un alto grado de rotación de un lugar de trabajo a otro, cosa que, por supuesto, también es sabida por quien aspira a ocupar un puesto de trabajo, se comprenderá con mayor facilidad que esta tesis de la aguda propensión del argentino medio al ocio tiene bastante fundamento.

No hay otra forma de explicar que muchos argentinos prefieran quedarse sin trabajo a pasar a otro empleo que, con mayor esfuerzo, les asegure un superior ingreso al que tenían en el anterior. Esta inestabilidad del empleado en su puesto de trabajo la he observado -incluso- en puestos muy bien remunerados, con lo que se confirma la regla que tiende a ser una constante.

A lo dicho hay que añadir que, los últimos gobiernos que el país ha padecido y padece, alientan la cultura del ocio, a la que ya es afecta de por si la masa media argentina, mediante subsidios estatales de todo tipo, tamaño y color. No es extraño que ante la opción de elegir un subsidio del estado sin esfuerzo ninguno y aceptar un puesto de trabajo en cualquier parte, el ciudadano medio se volcará decididamente por cobrar el subsidio, lo que a su vez, anima y alimenta el clientelismo político.

Y hay que agregar otro factor más que confirma el alto valor del ocio para el argentino, y que se revela al observar detenidamente la conducta del empleado dentro de su puesto de trabajo. Como promedio, puede decirse que el empleado se comporta laboriosamente durante los tres primeros meses de trabajo, digamos entre los 3 y 6 primeros meses de trabajo, lapso a partir del cual su rendimiento laboral se va paulatinamente relajando, no obstante lo cual, pretenderá, desde luego, conservar su empleo en la medida que su baja productividad no afecte su salario en el mismo sentido. De esta suerte, la brecha entre su productividad laboral y el salario que percibe se va ensanchando paulatinamente en su propio beneficio y en perjuicio de su empleador y también de sus compañeros más activos, que son los que normalmente deben cargar con el trabajo que el empleado ocioso deja de cumplir. Este último, es un comportamiento típico en la burocracia y claramente observable en todas las oficinas públicas, lo que ya es algo lamentablemente típico entre los argentinos, no obstante ello, también lo he observado, si bien en menor medida en empresas y comercios privados.

El cuadro resultante de todo lo dicho es: una minoría genuinamente trabajadora frente a una enorme mayoría proclive al ocio que, en definitiva, como consecuencia, querida o no, se termina convirtiendo en una clase parasitaria.

Atención que esto que digo no pretende liberar de responsabilidad al elenco gobernante, que sigue siendo el principal causante de la desocupación en cualquier país que se trate. Y desde luego, nuestra generalización tiene en cuenta -y mucho- las cuantiosas excepciones que existen para tal regla. Pero en este caso, como en muchos otros, la excepción confirma la regla. En realidad, los gobiernos forman parte de la clase parasitaria a la que hemos aludido antes.

Como comencé diciendo, las presentes reflexiones son aplicables al pueblo argentino, no en su totalidad, pero si en su mayoría, sin excluir, pese a todo, los posibles casos que existan en otras latitudes. Y hago esta aclaración porque me consta personalmente que existe si, una cultura positiva del trabajo en otras naciones y lugares.

Con semejante "cultura" negativa del trabajo no es extraño que un país se encuentre en crisis recurrentes, tal como le sucede a la Argentina.

Gabriel Boragina es autor –entre otros- de los siguientes libros: La Credulidad, La Democracia, Socialismo y Capitalismo; Apuntes sobre filosofía política y económica; Impuestos (una muy breve introducción al tema); Educación (una primera mirada); etc.

Argentina

La crisis como respuesta

Por Gabriel Boragina ©

Ya se dijo lo suficiente acerca de cómo los gobiernos siempre son los causantes de todas las crisis económicas[1]. Básicamente, el proceso de las crisis económicas se puede describir de acuerdo al siguiente esquema:

1.       El gobierno ataca a la sociedad civil mediante regulaciones económicas.

2.       La sociedad civil responde el ataque defendiéndose contra 1.

3.       La combinación de 1 y 2 agrava la crisis, hasta un punto en donde 2 triunfa, no sin antes haber sufrido terribles pérdidas, es decir, a un costo muy alto, tan alto como la gravedad de la crisis suponga.

En cuanto al punto 1 hemos aludido al efecto de lo que en economía llamamos intervencionismo, de manera tal que, poco cuenta -a los fines económicos- que dicha intervención gubernamental haya sido con las más loable de las intenciones. La economía demuestra en forma inexorable[2] que los resultados de toda intervención gubernamental en el entramado económico de la sociedad civil, siempre produce –idénticamente- los mismos resultados, consecuencias que -también en la nomenclatura económica- se resumen con la misma palabra : crisis.

Como dijimos antes, sobre el punto 1 ya se explicó lo suficiente y hay sobrada bibliografía que lo ilustra. Aquí vamos a suponer que el lector conoce el contenido de esa bibliografía y nos vamos a abocar a analizar sucintamente los puntos subsiguientes (2 y 3) con especial énfasis en el punto 2, contestando a la pregunta ¿de qué modo la sociedad civil responde a dicho ataque y se defiende contra 1?

Las crisis económicas se manifiestan a través de muchísimos efectos en la sociedad civil que, a su vez, podemos englobar en dos grandes grupos: efectos principales y secundarios. Uno de tales resultados demostrativos del estado de crisis económica es la inflación, fenómeno económico este que se ha definido de muchas maneras diversas, por muchos autores, pero que, a nuestros efectos podemos –en un lenguaje llano- decir que se traduce en un enriquecimiento del gobierno cuando este tiene el monopolio de la emisión de moneda. Simplemente, para obtener mayores riquezas fabrica (emite, en economía) el dinero que necesita para sufragar sus gastos que reciben el nombre de gastos públicos. Este enriquecimiento del gobierno, mediante la emisión ocasiona un congruo empobrecimiento de quienes reciben -más tarde- el dinero envilecido, ya que la mayor masa monetaria, al depreciar el dinero, causa que los precios de los bienes y servicios sean mayores, lo que a su turno, implica que la sociedad civil se empobrece, a causa de la sociedad política.

Cuando la gente ve que esto sucede, su primer reacción es defenderse tratándose de desprender, lo más pronto posible, del dinero depreciado, para lo cual recurre a dos vías de escape: la primer tendencia es a comprar bienes y servicios, antes de que sus precios aumenten más, y la segunda es refugiarse en otra moneda de valor más estable, lo que en la jerga económica se conoce como inversión en moneda fuerte. Lo que determina cual de las dos salidas es la que elegirá la gente depende del estado general de la economía al momento de producirse el impacto inflacionario. En un contexto como el argentino actual, bajo el gobierno Kirchner, la producción de bienes y servicios ha sido prácticamente destruida, mediante sendos ataques a la misma producción e inversión, lo que ocasiona que el stock de bienes y servicios a disposición de la gente sea muchísimo menor, mes a mes, semana a semana, y en menor grado, día a día. Este último fenómeno hace que sea inviable a la gente refugiarse en bienes tangibles, cuyos precios se han disparado por un doble efecto: primero por la reducción de los stocks y segundo por el impacto inflacionario, lo que multiplica sus precios y hace prácticamente imposible a la gente consumir, siquiera en los bienes más elementales.

Esto hace que la gente recurra al segundo camino para escapar de la inflación: la compra de divisas, en el caso argentino, la divisa fuerte fue y es el dólar. A su turno, los que tienen posibilidades para ello, refuerzan los mecanismos de seguridad de su patrimonio, invirtiendo los dólares adquiridos en empresas o instituciones bancarias del exterior. Esta salida masiva de divisas, claramente observable en el caso argentino, debería hacer -siguiendo la ley de la oferta y la demanda (utilidad marginal mediante)- que los precios bajaran. Sin embargo, este efecto no se observa, lo que da a las claras señales de lo que se conoce como estanflación (del inglés stagflation) que en líneas generales resulta de la combinación de dos fenómenos macroeconómicos: estancamiento por un lado e inflación por el otro, pero esta vez mezclados. El estancamiento se puede resumir como la paralización de la actividad productiva y del comercio, ya que el segundo depende de la primera, ello hace que la demanda tienda a crecer hacia el infinito, se liquidan las pocas existencias disponibles, los precios ascienden astronómicamente, todo lo cual, sumados a otros factores económicos -que serian sumamente extensos desarrollar aquí- hace que la crisis se acentúe en forma exponencial.

En el caso que apuntamos observamos cómo, al tratar de defenderse (legítimamente) de la crisis provocada por el gobierno, la gente -con su actuar- profundiza dicha crisis, pero como las crisis no son perpetuas, la espiral critica crecerá hasta el punto en el cual la crisis estalla políticamente y el gobierno cae desplomado por efecto de su propia crisis, alimentada y repotenciada por la sociedad civil atacada. De este modo, se advierte como las crisis económicas pueden ser analizadas desde dos puntos de vista que, resumidamente, podemos clasificar como el efecto que podemos llamar provocador (del gobierno) y el efecto que podríamos denominar de respuesta defensiva (de la gente, es decir los gobernados).

Naturalmente, en el ínterin ambos grupos se culpan recíprocamente de la crisis, pero si recordamos lo estudiado en la bibliografía sobre la primera causa de toda crisis, resulta indudable que la razón asiste a la gente agredida y no al gobierno agresor.

Gabriel Boragina es autor –entre otros- de los siguientes libros: La Credulidad, La Democracia, Socialismo y Capitalismo , Apuntes sobre filosofía política y económica, etc.

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[1] Al respecto, véase la bibliografía recomendada en http://libros-gb.blogspot.com/

[2] Véase nuevamente la bibliografía de la nota anterior.

Monopolios

El poder de los grupos económicos.

Por Gabriel Boragina

Mucho se ha hablado y escrito acerca del " poder" de los llamados "grandes grupos económicos", generalmente descriptos como una "amenaza" para los pobres, y -en algunos casos- como instrumentos de pobreza. Este temor, en parte, está justificado si tenemos en cuenta que los grupos económicos más grandes del mundo son los gobiernos nacionales y organismos gubernamentales internacionales.

Los grupos económicos estatales o gubernamentales son los más poderosos del mundo por algunas de las siguientes razones:

1.   Los gobiernos son los únicos grupos de personas que pueden crear dinero de la nada o -mejor dicho- simplemente, imprimiendo billetes (papel moneda) o moneda en metálico. O bien, abriendo cuentas bancarias con fondos inexistentes, para girarlo en descubierto (generalmente en forma de subsidios).

2.   Son los únicos que pueden crear leyes obligando al resto del mundo a usar dichos papelitos, o las anotaciones bancarias mencionadas, como si fueran dinero.

3.   Son los únicos que pueden fijar (también mediante leyes) el valor del papel moneda y variarlo o modificarlo a su antojo o conveniencia políticos.

4.   Son los únicos que pueden crear bancos centrales o reservas federales para dicho fin.

5.   Son los únicos que -además de todos estos instrumentos de gran poder- pueden, crear e imponer otros tributos, gravámenes y gabelas a empresas y personas particulares.

Resumiendo: solo los gobiernos pueden crear dinero y -además- fijar su valor. Ningún grupo, empresa o persona privados -por enorme que sea- tiene ese poder que tienen los gobiernos. Ni Microsoft, ni la IBM, ni la General Motors, la Ford, Rockefeller, ni la Coca Cola, etc... por separado o todos juntos, ninguno -repetimos- tienen un poder semejante al de los gobiernos del mundo. Porque ninguno de ellos puede hacer ni obligar a hacer ni uno de los cinco puntos que hemos enumerado arriba. De donde se deduce con facilidad quién tiene el control de una economía en un sistema intervencionista como en el que nos encontramos.

Seguramente alguno me dirá que las grandes compañías multinacionales tienen mucho, muchísimo dinero. Y responderé que, puede ser que sea así, pero por muchos millones, trillones o cuatrillones de dólares que tengan en sus cuentas, de todos modos, ese dinero es dinero creado por el gobierno de ese país (cualquier país que sea, EEUU o cualquiera. Lo mismo da para el caso), lo que significa que el dueño de ese dinero es el gobierno, porque es el único que puede crearlo y el único legalmente habilitado para ponerlo o quitarlo de la circulación monetaria, propiedad dineraria gubernamental que se refuerza, al considerar que solo los gobiernos pueden modificar el valor de ese dinero, con -simplemente- dictar una ley, un decreto, reglamento o una ordenanza. Por ejemplo, si el gobierno de EEUU decide hoy devaluar el dólar, esto significa que a partir de este momento todas las grandes compañías multinacionales que poseen dólares van a perder dinero, aun conservando la misma cantidad de billetes o de cuentas bancarias.

Ninguna gran compañía multinacional puede evitar esto, porque no puede modificar el valor del dinero[1]. Lo único que puede hacer es pedir a su gobierno que lo haga (o no), pero si el gobierno se niega, no tiene la gran empresa más que hacer, ha fracasado y no puede revertir esa decisión. Ellos no pueden "comprar" gobiernos con dinero propiedad de los gobiernos y creado por los gobiernos. El mito de que los gobiernos "se venden por dinero" es uno de los más absurdos que jamás haya existido en la economía y demuestra que ni siquiera se razona con lógica, cuando se habla de "gobierno títeres”. Los gobiernos pueden ser "títeres" de otros gobiernos, y –efectivamente- esto existe, pero ningún gobierno jamás fue, ni pudo ser, títere de una o más de una empresa multinacional, plurinacional o internacional por muy grande que esa empresa sea o haya sido. La experiencia más elemental ha demostrado y sigue demostrando que los gobiernos pueden comprar empresas al precio que quieran (lo que en la jerga política y económica se llama estatización o nacionalización de empresas) pero nunca puede ser a la inversa, a saber: ninguna empresa -o millones de ellas- pueden "comprar" gobiernos, porque para hacerlo, deberían usar el mismo dinero de los gobiernos y nadie puede comprar algo con lo que no ha creado ni le pertenece, más allá de lo que el gobierno le permita. O dicho más simple: nadie puede comprar a otro con lo que es propiedad de ese otro. Si yo -hipotéticamente- quisiera comprar la casa del lector, no puedo ofrecerle en pago la propia casa del lector. En el caso del dinero, el gobierno es fabricante y propietario de todo el que circula en un país. Esta propiedad y monopolio exclusivo (aunque, en rigor, todo monopolio es exclusivo) sobre dicha propiedad de fabricación de papel moneda, le otorga automáticamente un absoluto poder de compra sobre todo lo que existe dentro de las fronteras de dicho país, lo que incluye empresas, corporaciones, grupos (cualquiera sea su tamaño y patrimonio) y por supuesto (y con más razón) personas. Cuando un gobierno absorbe todas las actividades económicas sin exclusión, estamos frente a lo que se conoce como un estado comunista. Cuando solo lo hace en parte, en economía se habla de intervencionismo o estado intervencionista. La historia del mundo es ejemplo de ambos sistemas en diferentes épocas y lugares. Sus casos son demasiados amplios como para ser tratados aquí en detalle. Seguiremos, pues, con las nociones generales sobre el tema.

Como todos estamos obligados a comprar, vender, cobrar nuestro salario, en fin, todo trato comercial, con dinero fabricado por el gobierno y de propiedad del gobierno, eso significa que nuestra vida económica es propiedad del gobierno, total o parcialmente. Todo lo cual demuestra que no nos "dominan" las multinacionales. Nos dominan nuestros propios gobiernos, que son más grandes y poderosos que todas las multinacionales unidas, conforme se explicó arriba. A quien lo niegue, lo desafío a que en este acto saque un billete de su bolsillo y lea lo que allí dice. En el papel moneda que usa, (sea del país que fuera) figuran los datos del fabricante y propietario de ese billete. Seguramente dirá algo así como "Banco Central del gobierno (o del Estado de... nombre del país)" nunca he visto ningún billete ni moneda que dijera por ejemplo "el banco central de Microsoft" o "el banco central de Coca-Cola", etc... Siempre he visto en todos los billetes y monedas el nombre del banco central y el del país al que pertenece ese banco central.

En este punto alguien podría objetar que, sin embargo, una multinacional de -por ejemplo- EEUU (el caso favorito de los marxistas que defienden la tesis opuesta a la mía) podría "comprar" al gobierno de un país subdesarrollado o del tercer mundo. Es bastante dudoso que una corporación norteamericana sola pudiera hacerlo, pero sería más probable en el caso de un oligopolio entre ellas. Bien si, esto es teóricamente posible pero, ¿para qué querría una multinacional -o un conjunto de ellas- hacer algo así? ¿cuál sería su ganancia o beneficio en ello? Una empresa (cualquier empresa en rigor) quiere ganar dinero por sobre todas las cosas y para hacerlo, debe invertir en aquellos lugares donde pueda ganar más dinero que en otros. ¿cuánto dinero podría ganar una gran multinacional invirtiendo en un país subdesarrollado? La respuesta es obvia: mucho menos que el que podría ganar invirtiendo en un país rico. Sin embargo, hay tanta ignorancia general acerca de qué es y cómo funciona un mercado que esto no se ve con la claridad que tiene. Con lo cual, la típica objeción queda refutada. Solo un empresario torpe, pero muy tardo, sobornaría al gobierno de un país pobre (o algo más pobre que su país de origen) para poder vender allí sus productos. Sería esta una típica "inversión" a pérdida. Porque es típico de un empresario torpe, invertir más para ganar menos, cosa que -a menos que este loco-, jamás haría en forma voluntaria. Y esta sería la situación del repetido ejemplo (absurdo) de "enormes pulpos" extranjeros "comprando" gobiernos de países pobres. Jamás se dio esta situación, y no podría darse nunca, excepto -como dejamos dicho- en los casos de empresarios extranjeros mostrencos, que los hay como en cualquier parte del mundo, pero que no son los que abundan, precisamente. Pero cuando hicieron cosa semejante no duraron mucho tiempo en los países donde intentaron "invertir". Por otro lado, esta conducta del empresario tendría algún sentido solamente en aquellos países donde estuvieran prohibidas o severamente limitadas las inversiones extranjeras. Y en países así, normalmente, la pobreza es mayor que en los demás países, con lo que cual, para cualquier empresario mediocre sería doblemente torpe sobornar a todo un gobierno para que le den permiso a invertir en un país donde la gente no tiene poder de compra, debido precisamente a su pobreza. Alguien dirá a esto, pero obtendrá "ventajas" no pagando impuestos allí. Es posible, pero ¿por cuánto tiempo? No mucho. Es fácil hacer el cálculo que lo que ahorre en impuestos lo perderá en aumento de stock por muy pocas o inexistentes ventas. Stock que -además- crecerá con el tiempo. Mi respuesta es la misma: ¿alguien puede decir que existe mayor "ventaja" que ganar dinero y no perderlo en el largo plazo?

Si ahorra -pongamos por caso- 10 millones en impuestos y su stock inmovilizado (por ausencia de ventas) es de 12 millones, habrá tenido una pérdida neta de 2 millones. Y esto sin considerar el posible dinero empleado en inversiones. ¿qué clase de " poder económico" sería este?

Siguiendo con la falsa hipótesis de corporaciones que "invierten" en países subdesarrollados o pobres, ¿en qué o de qué modo les podría importar a la Shell, Microsoft, Coca-Cola, IBM, Ford, GM, GE, CITIBANK, etc. etc. etc. tener el "poder político" del país X, cuando nadie o muy pocos en ese país tendrían poder de compra para adquirir ninguno de sus productos? Esas empresas se crearon para ganar dinero, no para perderlo, y sería perderlo de la manera más absurda la de sobornar a gobiernos tercermundistas, subdesarrollados, en vías de desarrollo o como quiera llamárselos, para obtener puramente pérdidas monetarias y económicas.

Si el lector tuviera un buen capital y quisiera abrir un negocio ¿dónde se le ocurre que le sería más provechoso instalarlo? ¿en un barrio muy pobre como una "villa miseria" o en un barrio muy rico? ¿donde se le ocurre que tendría más ventas? ¿abriría el amigo lector -si tuviera el capital necesario para hacerlo- un enorme supermercado en medio del desierto? Bien, la respuesta es obvia ¿verdad? Seguro. Simplemente, sucede que, el gran empresario, el multimillonario, razona de la misma manera para sus negocios, para lo cual lo primero que tiene que aplicar es lógica, lógica pura. O dicho en palabras más sencillas: los negocios grandes van a mercados grandes (donde hay mucho poder de compra) y no a los mercados chicos (con poco o nulo poder de compra). Y, desde luego, donde no hay mercados no hay negocios posibles de ningún tamaño.

Alguien podría objetar a esto que hay empresas muy grandes que invierten en países pobres. entonces según mis tesis ¿adolecerían al hacerlo de un comportamiento irracional? No, claro que no. Pero el caso de las grandes empresas que invierten en países pobres reconoce dos causas posibles a saber:

1.       Si bien se tratan de países pobres, tienen -institucionalmente- economías relativamente libres, con pocas regulaciones, razonable seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada. Lo que significa que la empresa que estudia una potencial inversión allí, puede esperar -en forma sensata- oportunidades de ganancia si la economía del país en miras, crece. O bien...

2.       Se tratan de países donde no existe nada de eso (o muy poco), pero los gobiernos suelen otorgar grandes sumas de dinero en subsidios a las inversiones extranjeras.

No hay una tercera razón por la cual una gran corporación económica quiera invertir en un país en vías de desarrollo, subdesarrollado o directamente pobre, más que estas dos. Aun así, hay que aclarar que la experiencia demuestra que las grandes corporaciones, -sea en cualquiera de los dos casos- no invierten jamás un volumen de dinero ni igual ni superior al que invierten en países ricos o desarrollados. Y esto sí, es un comportamiento racional en la gran corporación. Los países ricos o desarrollados lo son -en gran medida- porque el riesgo que se corre allí en los negocios es menor, ya que cualquiera sea la inversión, siempre existe alguna posibilidad de rédito. De mas esta decir que el caso más frecuente que la historia económica nos muestra es del número dos, y son rarísimos los del numero uno.

Y si el poder político no sirviera para obtener poder económico, ¿de qué manera les podría interesar a esas grandes empresas obtener poder político?

El poder político sirve para obtener poder económico, pero nunca al revés. Y -naturalmente- muchas empresas, corporaciones, y personas individuales están interesadas en obtener poder político, pero el problema es que no es tan simple conseguirlo y existe una enorme competencia por él. Y no se llega al poder político a través del dinero, sino a través de los votos de la ciudadanía o de su apoyo, formal o informal, como tantas veces hemos explicado.

Si esto no fuera así, siempre gobernarían los ricos en todas partes del mundo y en todas las épocas de la historia, y siempre serían los mismos y no necesitarían llamar a elecciones. S el dinero diera por si mismos poder político, los gobiernos de facto también siempre serían los mismos y nunca hubiera caído ninguno. Simplemente les bastaría a los dictadores sobornar a los conspiradores con dinero suficiente para sofocar cualquier posible intento de rebelión. Sin embargo la historia del mundo es la historia de las rebeliones, de las revoluciones, de las conspiraciones victoriosas. La historia del mundo nos muestra eso, y no nos muestra ninguna historia de corporaciones privadas gobernando desde siempre y para siempre. Lo que si muestra -muchas veces- la historia pasada y presente, es que muchas personas pobres de clase media que llegaron a gobernar salieron ricos de ese gobierno al final de su mandato. Latinoamérica es un buen ejemplo de ello.

Otra objeción posible sería la siguiente: " las grandes corporaciones privadas compran a los gobiernos no para invertir sino para que los gobiernos cobren impuestos al pueblo y lo entreguen a las corporaciones multinacionales”. Se trata de un típico slogan de la izquierda, que no es más que otro absurdo, muy fácil de rebatir con unos sencillos cálculos que cualquiera (menos un marxista) podrá entender.

Supongamos que el ingreso del país Z es de 100 M (con todos los ceros a la derecha que el lector desee) y que el gobierno de Z cobra un total de 90 M en impuestos. Eso significa que a la gente le quedarían 10 M de ingreso. Ahora bien, supongamos que aterriza en Z una de esas "malvadas, despiadadas y perversas" (al decir de la izquierda) multinacionales que quiere "adueñarse" de ese país. Para hacerlo, debería pagarle al gobierno de ese país más de lo que el gobierno ya está cobrándole al pueblo en impuestos, o sea, ofrecerle -por ejemplo- 95 M a cambio de lo cual el gobierno le entregaría a dicha multinacional el total de la recaudación fiscal de 90 M ¿cuál sería la "ganancia" de la multinacional o el "espectacular negocio" que estaría haciendo? Ninguno, -claro está- porque estaría perdiendo 5 M (más todos los ceros o cifras a la derecha de 5 M que haya puesto antes el lector) los que podría intentar " recuperar" vendiéndole al pueblo su producto por 6 M, pero la gente no va aceptar seguir viendo reducido su ingreso de 10 M a 4 M. la empresa no podría vender su producto por 6 M, ni aunque consiga un monopolio de su producto. Pero aun así pudiera venderles a todos los habitantes de Z sus productos por 6 M, su ganancia final sería 1 M, es decir, una clara operación ruinosa que ningún empresario inteligente emprendería jamás. En otros términos, es bueno que nos preguntemos ahora: ¿el lector invertiría 95 para ganar 1? No sé que responderá el lector, pero yo ni loco harían una cosa así (si tuviera 95 M para invertir, claro). Y no creo que ningún empresario " súper-poderoso" de la mayor corporación económica del mundo hiciera semejante locura.

Pero hay algo más para decir al respecto, y es que el gobierno de Z no va a esperar a que ninguna corporación multinacional de ninguna parte del mundo llegue -milagrosa o imprevistamente- a su país para arrebatarle 95 M a su población. Me viene la mente al explicar este tema aquel dicho que reza algo parecido a esto: "No robe. Al Estado no le gusta la competencia". Nunca más a propósito de lo que decimos. No le quepa duda al lector que el gobierno se le adelantará -a cualquier corporación multinacional o lo que fuere- y aumentará los impuestos hasta donde le sea posible para exprimir a la gente de la mayor y mejor (o peor había que decir, en rigor) manera posible a favor de ese gobierno, por supuesto. Con lo cual, a ninguna corporación multinacional le va a quedar ya ningún margen como para poder "comprar" a ningún gobierno. Advierta el lector que hasta ahora, solamente estamos aplicando lógica, pura lógica. La lógica que indica que nadie da más para recibir menos. Algo que hasta un niño puede entender con claridad.

Por lo demás, adviértase que el gobierno obtiene 90 M o 95 M o 96 M o 100 M, etc... sin ninguna clase de inversión. Solo le basta dictar una ley, un decreto, un reglamento, una ordenanza, un bando, etc. que fije la cantidad a cobrar... y listo. Los gobiernos son las únicas corporaciones que, sin inversión de ninguna clase (bueno, excepto el papel y la tinta de la ley o del decreto donde se publiquen, que también los cobra en los impuestos, obviamente) obtienen las ganancias que desean. O casi las que de desean. Su límite será la producción total de la economía. Por ejemplo, si el PBI del país Z es de 100 M los impuestos nunca podrán ser de -por ej.- de 120 M, y esta realidad económica no la pueden modificar ni los gobiernos ni todas las multinacionales del planeta juntos.

Por donde se lo mire, el "argumento" de los gobiernos que "se venden a" empresas, corporaciones, grupos, etc. es tan absurdo e irracional por falso, que resulta incomprensible que haya gente que lo repita hoy en día. La única verdadera explotación que existe en el mundo es aquella a la que los gobiernos someten a sus pueblos, ya que nadie tiene mayor poder de expoliación y confiscación que un gobierno (del país que sea).

Esto no significa, de modo alguno, que los gobiernos no otorguen ventajas a empresas y personas, porque si, lo hacen y muy a menudo. Pero no lo hacen por dinero, por todo lo que hemos explicado, sino por amistad o afinidad ideológica con esas empresas o personas. Los gobiernos no necesitan el dinero de las empresas, porque estas no tienen un dinero propio, el dinero de estas es dinero ajeno (del gobierno), al que -además- los mismos gobiernos pueden modificar su valor, ya sea por inflación o por devaluación, usando diferentes mecanismos para estos dos fines. Y porque -también- los gobiernos pueden recuperar -en cualquier momento- el dinero emitido al mercado, ya sea cobrando más impuestos, aumentando los que ya existen, o colocando empréstitos, voluntarios o forzosos, como se hizo y se hace en toda época y lugar donde hubieron y hay gobiernos.

Otra manera simple que los gobiernos tienen para enriquecerse es por medio de la inflación. ¿qué se le ocurre al lector que es más rápido para enriquecerse? : 1) ¿aumentar los precios de lo que se vende para obtener dinero, o 2) fabricar físicamente el dinero que se necesite y en la cantidad que lo necesite sin necesidad de vender nada? Resulta claro que el metido más rápido, seguro y eficaz es el segundo y no el primero. Muy bien, hasta aquí el lector viene acertando. Y ahora piense el lector, que ni él ni yo ni nadie que esté fuera de la órbita de un gobierno tiene el poder ni la facultad para fabricar dinero (lo que en economía llamamos emisión monetaria), entonces será fácil responder la siguiente pregunta: ¿quien tiene pues más facilidad para hacerse rico de una manera segura y eficaz? Respuesta: aquel que puede y tiene el poder de crear dinero fabricándolo, ¿y quién tiene ese poder? Solamente los gobiernos. Ego, los gobiernos pueden hacerse ricos a si ismos en forma instantánea. En tanto que todos los demás tenemos que trabajar ya sea empleándonos en el algún puesto de trabajo o intentando vender bienes y servicios en el mercado, para obtener algún ingreso, mejor dicho ese mismo dinero que el gobierno se encarga de fabricar y con el cual nos obliga a comerciar, cobrar salarios, pagar o cobrar deudas, etc..

Por supuesto, todo esto que los gobiernos pueden hacer y que ordinalmente hacen en uno u otro grado, causa enormes desajustes y crisis económicas, lo cual es -justamente- el único origen y causa de las crisis económicas de las que tanto se hablan hoy en día.

Lo que he descripto hasta aquí -muy, pero muy resumidamente- es lo que en economía se llama un sistema intervencionista.

Y digo que esto solo sucede en un sistema intervencionista porque, en otro sistema, como el liberal, ningún gobierno tendría permitido hacer ninguna de las cinco cosas que hemos enumerado arriba. Lo tendría terminantemente prohibido. Es decir, -en otros términos- tendría absolutamente prohibido el manejo de la economía.

Lo que hemos descripto arriba se llama -como dijimos- intervencionismo y no capitalismo. Las diferencias enormes entre el intervencionismo y el capitalismo las hemos explicado -con lujo de detalles- en nuestro libro Socialismo y capitalismo. No vamos a repetir aquí lo que dijimos allí y supondremos que el lector ya conoce dichas diferencias habiendo leído dicho libro. Si no lo hizo le sugerimos que lo haga.

Ver libros

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[1]En algunos casos, las empresas pueden modificar -hasta cierto punto- el valor de bienes y servicios. Lo que jamás pueden hacer es introducir variaciones en el valor del dinero gubernamental. Y como hoy en día todo el dinero del mundo es propiedad de los gobiernos nacionales o transnacionales, ello implica que ninguna empresa, corporación, oligopolio o monopolio privado puede jamás modificar en absoluto el valor del dinero. El verdadero poder económico reside, pues, en la posibilidad de modificar este valor (el del dinero) y no el de los bienes y servicios.

Argentina

El consumo como "función" del empleo

 

 Por Gabriel Boragina ©

 

El gobierno argentino, co-ejercido por el matrimonio Kirchner, ha hecho un "llamado" a la población en medio de una de las crisis económicas más dramáticas vividas por el país, a fin que se esfuerce por consumir más, si no quiere perder el empleo.

La oportunidad es propicia para volver a desmisitifcar (una vez más) la falacia de la "función consumo-empleo" que es la que el gobierno argentino pretende esgrimir nuevamente. Como ya es sabido, esta popular falacia fue y sigue siendo uno de los mitos más caros del keynesianismo. Supondremos que el lector conoce a fondo la teoría keynesiana para no detenernos a explicarla in extenso ya que ello desbordaría nuestros objetivos al momento. Nos sujetaremos únicamente en la clarificación de la cuestión actual abordada en nuestro título, el cual es solo un aspecto de las demás falacias keynesianas.

El consumo depende del ingreso, en cierta medida, pero el ingreso no depende del empleo, sino de la producción con destino al intercambio, lo que nos remite a la –tantas veces olvidada- sabía Ley de Say que –resumidamente- dice que toda oferta crea su propia demanda. En otros términos, esto equivale a expresar que, a los fines de generar un ingreso, debo primero producir un bien o servicio que sea valorado en el mercado y que -a su vez- tenga aptitud para ser intercambiado por otros bienes y servicios, los cuales -en definitiva- constituirán mi ingreso. En otras palabras, lo que genera el ingreso no es el empleo sino la producción, habida cuenta que todo empleo puede ser productivo o improductivo, solamente el empleo productivo tendrá la aptitud suficiente como para originar un ingreso y siempre y cuando esa producción sea su vez apta para su intercambio creando una demanda, conforme a la Ley de Say citada.  Dicho de otro modo, solo puedo demandar cuando tengo algo para dar a cambio por mi demanda y ese "algo" será mi propia producción, es decir mi ingreso.

El empleo, por si mismo, en los términos en que John M. Keynes lo concebía, no es apto para generar un ingreso, más aun, si se tiene en cuenta que J. M. Keynes se refería al empleo en los términos en que se lo concibe corrientemente, es decir, el empleo por cuenta ajena, dejando de lado el empleo por cuenta propia. El error de J. M. Keynes consistió -entre muchos otros- en haber aceptado, expresa o implícitamente lo mismo da para el caso,  en este punto la equivocada teoría laboral del valor formulada por Karl. Marx y F. Engels. Según esta última, la fuente de valor de los bienes y servicios provenía exclusivamente del trabajo obrero (es decir, el empleo) y de allí quedó sentado como dogma hasta la actualidad dicha falacia. Esta es una noción estrecha de "empleo", que restringe el uso de este vocablo únicamente al trabajo en relación de dependencia y por cuenta ajena, más precisamente al trabajo obrero, y pierde de vista que todo trabajo (obrero o no) es en relación de dependencia y siempre lo es por cuenta ajena[1], excepto en las sociedades autárquicas donde no existe la división del trabajo, o esta es muy rudimentaria.

Volviendo a la desmitificación de la falacia "consumo-empleo" solo se puede consumir más cuando existe ex-ante un volumen de producción que permite un mayor consumo ; si esa producción disminuye drásticamente -como sucede y sigue ocurriendo en el caso argentino- es ilusorio e infantil que el gobierna diga que el mayor consumo permitirá "conservar" los empleos de la gente. Lo que determina el empleo no es el consumo, como creía Keynes y los gobernantes argentinos, sino el ingreso, y este a su vez depende de la producción, que -a su turno- existirá en la medida que aparezcan empresarios dispuestos a invertir su capital. Y  -reiteramos- no es esto lo que está sucediendo en la Argentina pese a lo que los Kirchner digan otra cosa.

Por lo demás, como ya han señalado agudos economistas, el ingreso -sea el del empresario en forma de ganancia o del empleado en forma de salario- se encuentra afectado por el nivel de productividad del conjunto de la economía y por la tasa de intercambio de lo producido ; todo ello -a su vez- depende del marco económico-jurídico-legal imperante en la región ; en el caso que nos ocupa, el matrimonio Kirchner en Argentina se ha encargado de impedir, obstaculizar y obstruir, tanto la inversión como la producción y el nivel de transacciones de la economía, con diferentes medidas de índole legal todas ellas restrictivas a la circulaciones económica.

No tiene sentido alguno pedir a la población que consuma cuando el gobierno desconoce las altas tasas de inflación existentes, aumenta la presión impositiva, creando nuevo gravámenes y subiendo las alícuotas de los existentes, traba las exportaciones de bienes primarios y secundarios y recurre a permanentes confiscaciones, como ha sucedido con las últimas medidas adoptadas contra el sector agropecuario y agrícola ganadero y la confiscación de los fondos de pensión privados de los ahorristas, entre tantas otras.

Hay bastante más que decir del asunto en este sentido, como -por ejemplo- que al reducirse la producción en razón de las políticas activas del gobierno, el stock de bienes y servicios será menor, en consecuencia, los precios subirán, por efecto de la escasez de la oferta; ergo, ello hará que los ingresos sean retraídos en términos reales, lo que -seguidamente- dará como resultado una nueva y más profunda caída del nivel de consumo.

Sin embargo, el discurso del gobierno Kirchner desconoce en forma reiterativa todos estos efectos, aun cuando no dejan de sucederse delante de sus propias narices.

Medidas como las señaladas -y otras más que sería extenso enumerar ahora- no hacen más que reducir el nivel de ingreso de la economía en su conjunto, pero afectan en mayor grado a las personas de ingreso más bajos, a la sazón, los asalariados, quienes son los primeros y los más perjudicados con semejantes disposiciones emanadas del gobierno. El contexto general, altamente recesivo y la incomprensión o tozudez (resulta indistinto cual de ambas, frente a idénticos resultados) de los gobernantes en adoptar políticas desregulatorias en los sectores claves de la economía, hacen vacuas declaraciones como las que emite la dirigencia política desde sus más altos niveles.  

 

Gabriel Boragina es autor –entre otros- de los siguientes libros: La Credulidad, La Democracia, Socialismo y Capitalismo , etc.

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[1] Véase mi libro El obrero explotado, Buenos Aires. Ediciones Pequeña Venecia, 1º edición.