domingo

Argentina

El consumo como "función" del empleo

 

 Por Gabriel Boragina ©

 

El gobierno argentino, co-ejercido por el matrimonio Kirchner, ha hecho un "llamado" a la población en medio de una de las crisis económicas más dramáticas vividas por el país, a fin que se esfuerce por consumir más, si no quiere perder el empleo.

La oportunidad es propicia para volver a desmisitifcar (una vez más) la falacia de la "función consumo-empleo" que es la que el gobierno argentino pretende esgrimir nuevamente. Como ya es sabido, esta popular falacia fue y sigue siendo uno de los mitos más caros del keynesianismo. Supondremos que el lector conoce a fondo la teoría keynesiana para no detenernos a explicarla in extenso ya que ello desbordaría nuestros objetivos al momento. Nos sujetaremos únicamente en la clarificación de la cuestión actual abordada en nuestro título, el cual es solo un aspecto de las demás falacias keynesianas.

El consumo depende del ingreso, en cierta medida, pero el ingreso no depende del empleo, sino de la producción con destino al intercambio, lo que nos remite a la –tantas veces olvidada- sabía Ley de Say que –resumidamente- dice que toda oferta crea su propia demanda. En otros términos, esto equivale a expresar que, a los fines de generar un ingreso, debo primero producir un bien o servicio que sea valorado en el mercado y que -a su vez- tenga aptitud para ser intercambiado por otros bienes y servicios, los cuales -en definitiva- constituirán mi ingreso. En otras palabras, lo que genera el ingreso no es el empleo sino la producción, habida cuenta que todo empleo puede ser productivo o improductivo, solamente el empleo productivo tendrá la aptitud suficiente como para originar un ingreso y siempre y cuando esa producción sea su vez apta para su intercambio creando una demanda, conforme a la Ley de Say citada.  Dicho de otro modo, solo puedo demandar cuando tengo algo para dar a cambio por mi demanda y ese "algo" será mi propia producción, es decir mi ingreso.

El empleo, por si mismo, en los términos en que John M. Keynes lo concebía, no es apto para generar un ingreso, más aun, si se tiene en cuenta que J. M. Keynes se refería al empleo en los términos en que se lo concibe corrientemente, es decir, el empleo por cuenta ajena, dejando de lado el empleo por cuenta propia. El error de J. M. Keynes consistió -entre muchos otros- en haber aceptado, expresa o implícitamente lo mismo da para el caso,  en este punto la equivocada teoría laboral del valor formulada por Karl. Marx y F. Engels. Según esta última, la fuente de valor de los bienes y servicios provenía exclusivamente del trabajo obrero (es decir, el empleo) y de allí quedó sentado como dogma hasta la actualidad dicha falacia. Esta es una noción estrecha de "empleo", que restringe el uso de este vocablo únicamente al trabajo en relación de dependencia y por cuenta ajena, más precisamente al trabajo obrero, y pierde de vista que todo trabajo (obrero o no) es en relación de dependencia y siempre lo es por cuenta ajena[1], excepto en las sociedades autárquicas donde no existe la división del trabajo, o esta es muy rudimentaria.

Volviendo a la desmitificación de la falacia "consumo-empleo" solo se puede consumir más cuando existe ex-ante un volumen de producción que permite un mayor consumo ; si esa producción disminuye drásticamente -como sucede y sigue ocurriendo en el caso argentino- es ilusorio e infantil que el gobierna diga que el mayor consumo permitirá "conservar" los empleos de la gente. Lo que determina el empleo no es el consumo, como creía Keynes y los gobernantes argentinos, sino el ingreso, y este a su vez depende de la producción, que -a su turno- existirá en la medida que aparezcan empresarios dispuestos a invertir su capital. Y  -reiteramos- no es esto lo que está sucediendo en la Argentina pese a lo que los Kirchner digan otra cosa.

Por lo demás, como ya han señalado agudos economistas, el ingreso -sea el del empresario en forma de ganancia o del empleado en forma de salario- se encuentra afectado por el nivel de productividad del conjunto de la economía y por la tasa de intercambio de lo producido ; todo ello -a su vez- depende del marco económico-jurídico-legal imperante en la región ; en el caso que nos ocupa, el matrimonio Kirchner en Argentina se ha encargado de impedir, obstaculizar y obstruir, tanto la inversión como la producción y el nivel de transacciones de la economía, con diferentes medidas de índole legal todas ellas restrictivas a la circulaciones económica.

No tiene sentido alguno pedir a la población que consuma cuando el gobierno desconoce las altas tasas de inflación existentes, aumenta la presión impositiva, creando nuevo gravámenes y subiendo las alícuotas de los existentes, traba las exportaciones de bienes primarios y secundarios y recurre a permanentes confiscaciones, como ha sucedido con las últimas medidas adoptadas contra el sector agropecuario y agrícola ganadero y la confiscación de los fondos de pensión privados de los ahorristas, entre tantas otras.

Hay bastante más que decir del asunto en este sentido, como -por ejemplo- que al reducirse la producción en razón de las políticas activas del gobierno, el stock de bienes y servicios será menor, en consecuencia, los precios subirán, por efecto de la escasez de la oferta; ergo, ello hará que los ingresos sean retraídos en términos reales, lo que -seguidamente- dará como resultado una nueva y más profunda caída del nivel de consumo.

Sin embargo, el discurso del gobierno Kirchner desconoce en forma reiterativa todos estos efectos, aun cuando no dejan de sucederse delante de sus propias narices.

Medidas como las señaladas -y otras más que sería extenso enumerar ahora- no hacen más que reducir el nivel de ingreso de la economía en su conjunto, pero afectan en mayor grado a las personas de ingreso más bajos, a la sazón, los asalariados, quienes son los primeros y los más perjudicados con semejantes disposiciones emanadas del gobierno. El contexto general, altamente recesivo y la incomprensión o tozudez (resulta indistinto cual de ambas, frente a idénticos resultados) de los gobernantes en adoptar políticas desregulatorias en los sectores claves de la economía, hacen vacuas declaraciones como las que emite la dirigencia política desde sus más altos niveles.  

 

Gabriel Boragina es autor –entre otros- de los siguientes libros: La Credulidad, La Democracia, Socialismo y Capitalismo , etc.



[1] Véase mi libro El obrero explotado, Buenos Aires. Ediciones Pequeña Venecia, 1º edición.